DESPLAZAMIENTO POR DESASTRES NATURALES

Colombia es el segundo país en Latinoamérica en reconocer el desplazamiento interno por desastres naturales y cambio climático.

La Corte Constitucional emitió un fallo trascendental el pasado 16 de abril, con la Sentencia T-123, en respuesta a una acción de tutela presentada por una pareja de adultos mayores campesinos, asistida por la clínica jurídica del Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Universidad del Rosario. Este fallo marca un hito al reconocer el desplazamiento forzado interno debido a causas asociadas a desastres naturales y cambio climático.

El caso presentado involucra a una pareja que se vio desplazada de su hogar en el municipio de Saravena, Arauca, debido al desbordamiento del Río Bojabá. Este suceso evidenció un vacío legal y regulatorio en Colombia con respecto al desplazamiento forzado por razones ambientales, un fenómeno que afecta a millones de personas en el país y que hasta ahora solo se había abordado en el contexto del conflicto armado.

La directora del GAP de la Universidad del Rosario, María Lucía Torres, destacó que la sentencia reconoce que el desplazamiento forzado interno es un fenómeno multicausal que afecta a numerosas comunidades en Colombia. Por ello, la decisión de la Corte tiene un efecto «inter comunis», extendiendo su cobertura a otras personas que puedan haber sido afectadas por el mismo evento.

Este fallo consolida el reconocimiento de los desastres naturales y el cambio climático como factores generadores de desplazamiento forzado interno, alineándose con los estándares internacionales de protección de derechos humanos. Además, la Corte Constitucional insta al Congreso de la República a desarrollar un marco normativo integral para abordar este fenómeno, garantizando la prevención, atención y recuperación de las personas desplazadas, independientemente de la causa que lo origine.

Colombia, al avanzar hacia una regulación que reconoce las diversas causales de desplazamiento forzado interno, se convertiría en el segundo país de América Latina en lograrlo, después de Perú. Este avance representa un paso significativo en la protección de los derechos de las personas desplazadas internamente y refuerza el compromiso del país con los principios de derechos humanos.

La directora del GAP de la Universidad del Rosario enfatizó que seguirán acompañando a la comunidad en el cumplimiento de las órdenes de la sentencia, las cuales involucran a diversas entidades estatales. Es responsabilidad del Estado avanzar en este tema y garantizar los derechos de quienes se ven obligados a abandonar sus hogares debido a desastres naturales y cambio climático.