Durante varios meses, tanto la Sociedad Zoológica de Frankfurt (FZS) como el procurador delegado para Asuntos Ambientales, Gustavo Guerrero, han estado emitiendo advertencias acerca de la construcción ilegal de una vía que atraviesa el territorio del resguardo indígena Llano del Yarí – Yaguará II. La carretera, con una longitud de 22,4 kilómetros, se encuentra a solo cuatro kilómetros del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, el cual fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO hace algunos años.
Aunque aún no se ha determinado con exactitud si la carretera ilegal ha tenido un impacto directo en esta zona protegida, el procurador delegado resaltó dos aspectos alarmantes en relación con esta construcción. En primer lugar, expresó su preocupación por el tiempo récord en el que se completó la vía. En segundo lugar, señaló que la construcción avanzó sin ser detectada por las autoridades, lo que plantea interrogantes sobre la posible existencia de otras carreteras ilegales que podrían estar desarrollándose en la región amazónica.
La Procuraduría General de la Nación ha solicitado a la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, que «prohíba y evite el acceso y tránsito por la carretera construida ilegalmente en el territorio del resguardo indígena Llanos del Yarí – Yaguará II y dentro de la zona de reserva forestal de la Amazonía».
En su declaración, el Ministerio Público resaltó que ya existe un acto administrativo emitido por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el oriente amazónico (CDA), que ordena la inhabilitación y prohibición de acceso a esta carretera.
Además, la Procuraduría enfatiza que esta medida «restringe actividades como el transporte público, la entrada de ganado, el transporte de materiales y cualquier otra acción que esté sujeta a las restricciones establecidas por la normativa ambiental vigente».
A mediados de agosto, el Ministerio de Ambiente mencionó a El Espectador que estaba desarrollando un protocolo para cerrar y desmantelar la carretera ilegal. Este protocolo comprendía una fase inicial para identificar el tramo, verificar su ilegalidad, definir alternativas de gestión, y una etapa posterior de supervisión y seguimiento para asegurar la efectividad de las medidas y la restauración de las condiciones afectadas por la construcción y operación de la carretera ilegal.
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