Activistas ecuatorianos piden al gobierno que respete los resultados de la consulta popular llevada a cabo el domingo 20, donde casi el 60% votó a favor de detener la creación de nuevos pozos petroleros en el Parque Nacional Yasuní, una región protegida de la selva amazónica.
Aunque las organizaciones civiles consideran el resultado de la votación del domingo como un logro histórico, la posterior declaración del gobierno ecuatoriano de rechazar dicho resultado plantea incertidumbres sobre su implementación.
El ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, comunicó a medios locales el miércoles 23 de agosto que el gobierno seguirá adelante con la extracción de petróleo como de costumbre, argumentando que, según la constitución, solo las personas que residen en las cercanías pueden decidir sobre la realización, inicio o detención de proyectos de explotación.
Los resultados vigentes, respaldados por la Corte Constitucional, requieren que el gobierno de Ecuador prohíba la firma de nuevos contratos para la explotación de petróleo en la región de Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT), también conocida como bloque 43. Esta área produce 55 mil barriles de petróleo al día y su explotación comenzó en 2016.
Esto conllevaría a dejar sin extraer aproximadamente 726 millones de barriles de petróleo en una de las regiones más ricas en biodiversidad del planeta, que también es hogar de la comunidad Waorani y de los grupos Tagaeri y Taromenane, que son las últimas comunidades en aislamiento voluntario en Ecuador.
Adicionalmente, el gobierno estaría obligado a llevar a cabo una retirada gradual y organizada de todas las operaciones petroleras en el área en un período de hasta 18 meses, lo que significa la necesidad de desmantelar la maquinaria y clausurar los pozos en funcionamiento.
Según cifras del Consejo Nacional Electoral de Ecuador, alrededor de 10,4 millones de personas, que representa más de la mitad de la población, participaron en este ejercicio de democracia directa. De este grupo, el 59% votó a favor de mantener el petróleo sin explotar, mientras que el 41,03% votó en contra.
Esta marca la primera ocasión en la que la ciudadanía de una nación productora de petróleo ha tenido la capacidad de decidir sobre los límites de la extracción de este recurso, lo que establece un hito jurídico significativo.
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