“La minería no se acabará en este Gobierno, solo cambiaremos cómo hacerla”: director ANM

Durante el primer año del Gobierno de Gustavo Petro, la minería ha sido uno de los temas más cuestionados. A principios de 2023, el presidente ordenó la revisión de todos los títulos mineros y anunció la prohibición de la minería en Jericó, Antioquia, debido a los riesgos para el suministro de agua. También se planteó la propuesta de prohibir nuevos contratos de carbón térmico a cielo abierto, como en el caso del Cerrejón, lo que inquietó al gremio minero.

Álvaro Pardo, director de la Agencia Nacional de Minería (ANM), considera que se han cometido errores en el pasado en cuanto a la explotación de minerales. A pesar de esto, destaca la importancia de la actividad minera para el Gobierno y aboga por una «nueva visión», la cual comenzará con una ley minera.

En una entrevista, Álvaro Pardo detalla los principales puntos de la ley minera y las estrategias que implementarán para abordar la informalidad minera. También menciona el progreso de la propuesta para crear una entidad similar a «Ecopetrol» en el sector minero.

Bajo este Gobierno, se ha adoptado una nueva perspectiva hacia la minería. Anteriormente, cualquier persona podía solicitar un título minero a la Agencia, y si el área estaba libre, se le otorgaba, incluso si afectaba una reserva ambiental. Esta situación ha sido controlada. El código de minas, en la Ley 685, en cierta medida favoreció a la gran minería y a las multinacionales, dejando rezagada a la pequeña y mediana minería, lo que llevó a conflictos.

Esta situación ha generado un gran problema de conflictividad, ya que los pequeños y medianos mineros protestan debido a que las multinacionales reciben títulos mineros y beneficios tributarios, mientras que ellos son excluidos. Esto ha llevado a un rechazo generalizado de la actividad minera en el país, con muchas personas clamando por la protección del agua en lugar de la minería.

Para abordar este problema, es esencial revisar la Constitución, que establece que el Estado es propietario de los recursos naturales no renovables. Esto implica que el Estado tiene la responsabilidad de decidir cómo manejar dichos recursos. Además, se enfatiza que el Estado tiene el deber de planificar el desarrollo económico y puede participar activamente en este, incluso a través de empresas mineras estatales, similares a un Ecopetrol en el sector petrolero.

El enfoque del Gobierno no puede limitarse solo a la entrega de títulos mineros, ya que en el pasado se llegaron a acumular hasta 11.000 de ellos. Esta práctica no es adecuada y se debe adoptar una planificación más integral y sostenible.