Uno de los pilares centrales de la nueva política de drogas que Colombia adoptará bajo el gobierno de Gustavo Petro, según el borrador revelado por El Espectador, es el enfoque ambiental.
El enfoque se basa en principios ambientales, así como en compromisos y metas internacionales en esta área. El Gobierno reconoce de entrada dos aspectos problemáticos: los riesgos y daños causados al medio ambiente por el cultivo y la producción de drogas; y el impacto generado por algunas estrategias empleadas para combatir estos problemas.
En líneas generales, la política propone implementar medidas de prevención, mitigación y recuperación en Áreas de Especial Importancia Ambiental (AEIA), como Parques Nacionales Naturales, Áreas de Reserva Forestal, Páramos y sus zonas de amortiguación, entre otras. Estas acciones, según el borrador, serán desarrolladas en colaboración con las comunidades y se adaptarán a las particularidades de cada territorio.
Una de las estrategias es promover fuentes de «bioeconomía». En aquellas áreas afectadas o amenazadas por cultivos ilícitos, el Gobierno busca ofrecer a las familias alternativas económicas diferentes a las drogas. Estas alternativas serán definidas según las circunstancias particulares de cada territorio y tomarán en cuenta el ordenamiento en torno al agua, el régimen de suelos, la zonificación, los planes de manejo ambiental y las vocaciones productivas locales, entre otros factores.
En cuanto a las «alternativas de bioeconomías», se refieren a actividades económicas basadas en la utilización sostenible de los recursos naturales, enfocadas en la biodiversidad y la preservación del medio ambiente, con el objetivo de generar ingresos y bienestar para las comunidades locales.
El Gobierno tiene como objetivo promover modelos de producción sostenible, agroecológica y agricultura regenerativa, turismo, economía forestal, bioproductos y economía circular basada en la producción y el consumo responsable. Estas opciones serán evaluadas según la clasificación que establece la política para las áreas a intervenir, que se dividen en tres categorías: Zonas Jaguar, Zonas Oso Perezoso y Zonas Lobito de Río.
En las Zonas Jaguar, se consideran alternativas como ecoturismo, uso de plantas medicinales, artesanías, cría de abejas, restauración ecológica, aprovechamiento sostenible y productos forestales maderables o no maderables.
En las Zonas Oso Perezoso, donde hay áreas con una alta oferta de servicios ecosistémicos y zonas altamente transformadas, la política busca fomentar el cambio hacia modelos de producción sostenible, agroecología regenerativa, y economías circulares basadas en la producción y el consumo responsable.
Por último, en las Zonas Lobito de Río, el enfoque será orientar los usos del suelo teniendo en cuenta los determinantes ambientales y estabilizar las economías campesinas, reconociendo los conocimientos culturales de protección ambiental. Se buscará orientar alternativas de economías campesinas, familiares y comunitarias en esta categoría.
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